"Zonas frías": el jaldismo respaldó la reforma del gas a cambio de compensaciones eléctricas para Tucumán

La negociación legislativa en torno a la modificación del esquema de beneficios de la Ley de Zona Fría derivó en una reconfiguración del impacto fiscal previsto por el Gobierno nacional, tras consensuarse el otorgamiento de compensaciones para el consumo eléctrico en provincias del norte bajo la denominación de "Zona Cálida". Esta contrapartida, diseñada para garantizar la media sanción de la iniciativa en la Cámara de Diputados, atenuará el recorte del gasto público originalmente proyectado, bajo un mecanismo instrumental supeditado a decisiones directas del Ministerio de Economía que sectores de la oposición independiente señalan como potencialmente variable en su cumplimiento efectivo.

En este escenario, la bancada tucumana alineada de forma directa con el gobernador Osvaldo Jaldo aportó sus votos favorables, consolidando un esquema de articulación pragmática con la gestión de Javier Milei que se desenvuelve en paralelo a las objeciones institucionales por el impacto general de las medidas de ajuste económico en las jurisdicciones provinciales.

Los términos técnicos de la tratativa formalizada por el oficialismo con las delegaciones parlamentarias norteñas quedaron asentados en un esquema específico detallado como “Resolución Bonificaciones y Bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”. De acuerdo con los parámetros de este documento, el Ejecutivo nacional se comprometió a establecer un incremento en los topes de consumo subsidiado durante los meses de noviembre y marzo. Para las regiones catalogadas como Zona muy Cálida (subdivisiones Ia y Ib), la ampliación del bloque de cobertura alcanza los 300 kW/h, mientras que para las catalogadas como Zona Cálida (IIb) el margen adicional se fijó en 200 kW/h, lo que implica una transferencia de fondos adicionales hacia los distritos beneficiados, entre los que se encuentran Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta, Misiones y Santa Fe.

La incorporación de estos subsidios estacionales altera la ecuación financiera que motivaba el proyecto de ley. Las proyecciones técnicas indican que el régimen actual de Zona Fría representa un desequilibrio presupuestario de 485.000 millones de pesos, previéndose un saldo favorable para el erario público de 272.099 millones de pesos en caso de implementarse la reforma sustancial. No obstante, las estimaciones emitidas por la Secretaría de Energía precisan que las nuevas partidas destinadas a las tarifas eléctricas del norte demandarán una erogación anual de entre USD 71 millones y USD 95 millones. Al calcular dicha compensación sobre una base cambiaria mayorista de $1.400 por dólar, la cifra se traduce en un gasto aproximado de $126.000 millones de pesos, absorbiendo de este modo cerca de la mitad del ahorro neto que el Ministerio de Economía pretendía consolidar con la reestructuración del gas natural.

A nivel local, la problemática vinculada a los costos de la energía ya registraba antecedentes de articulación en la Legislatura de Tucumán. Los parlamentarios José Seleme y Silvia Elías de Pérez (cuando formaban parte del mismo bloque antes de su separación política-foto superior) habían formalizado un proyecto de resolución destinado a exhortar al Poder Ejecutivo local a intervenir ante la Secretaría de Energía de la Nación. El propósito de dicha presentación consistía en alcanzar una duplicación de los techos de consumo con subsidio para las categorías de usuarios residenciales de menores y medianos ingresos. En concreto, la propuesta legislativa local procuraba fijar límites específicos de consumo amparado, planteando “llevarlos a 700 kWh para los hogares de menores ingresos y a 500 kWh para los de ingresos medios”.

La viabilidad del entendimiento político en la Cámara Baja encontró un soporte determinante en el Bloque Independencia, conformado por los representantes tucumanos Elia Fernández, Javier Noguera y Gladys Medina. El voto afirmativo de este trinomio, alineado de modo directo a las directivas de la gobernación tucumana, ratifica la posición adoptada por la conducción del Ejecutivo provincial de coordinar acuerdos específicos basados en reciprocidad de gestión con el oficialismo nacional, desvinculando estas decisiones de las críticas expresadas hacia el rumbo macroeconómico general y el repliegue del financiamiento nacional en diversas áreas operativas de la provincia.

El fundamento normativo e institucional que guió las demandas norteñas se ampara en precisiones de orden técnico. La fundamentación del proyecto tucumano recurre a los parámetros de la norma IRAM 11603/2012, idéntico instrumento de medición empleado para la confección del Régimen de Zonas Frías (Ley 27.637), con el objeto de convalidar la incorporación de la provincia en la delimitación geográfica de beneficio térmico. Bajo este criterio, se ratifica que las condiciones ambientales ubican al distrito dentro de las áreas bioambientales cálidas (Ha e Ib), un cuadro de situación geográfica donde “las temperaturas a partir del mes de noviembre pueden superar los 40 grados”.

Asimismo, las fundamentaciones aportadas advierten sobre las alteraciones que provoca este comportamiento climático estacional en la infraestructura de redes locales. El informe de los legisladores tucumanos remarca que el contexto de temperaturas extremas “produce un comportamiento típico en la demanda de generación eléctrica provincial”, fundamentado en la necesidad de los usuarios residenciales de recurrir a equipamiento de refrigeración en franjas horarias extendidas, lo cual “exige al máximo las infraestructuras” del sistema eléctrico interconectado, derivando con frecuencia en interrupciones programadas del suministro en diversos nodos de la red pública.

Frente a este panorama, las advertencias parlamentarias enfatizaron los riesgos asociados a la reducción generalizada de coberturas en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica y técnica. Las posturas reseñadas en la iniciativa local señalan explícitamente que “la quita progresiva de los subsidios y sus topes asignados, la creciente suba del precio de la energía y la falta de previsión e inversiones van a dejar fuera del sistema a cientos de usuarios”, sosteniendo en idéntica línea argumental que tales núcleos familiares “deben ser prioridad para las autoridades nacionales y provinciales”.

La premura por consolidar estas salvaguardas tarifarias para el bloque de provincias del Norte Grande se acentuó en virtud de los informes meteorológicos y operativos que prevén un escenario estival de alta complejidad. Los autores de los requerimientos provinciales remarcaron la necesidad crítica de implementar mecanismos de contingencia tarifaria y operativa ante la inminencia de enfrentar “uno de los veranos más cálidos para la región del Norte Grande”, una perspectiva que coincide con los diagnósticos de alerta técnica referidos a potenciales restricciones en la capacidad de generación eléctrica emitidos de forma anticipada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las dependencias del propio Gobierno federal.